COMUNICADO FARER - VILLA ELISA - 26-05-2012
COMUNICADO 24-05-12
En el siglo XXI el fin
sigue justificando los medios
La aprobación por ley en tiempo record de los valores
unitarios básicos establecido en el Decreto 486/12 del poder ejecutivo
provincial referido a las parcelas rurales solo confirma que la legislatura en
esta provincia funciona hoy como una suerte de escribanía en donde solo se
certifica la autoria de los proyectos de ley, no se permiten los espacios para
leer, ni analizar, ni debatir los contenidos de las normas, ni siquiera se
permite un tiempo para pensar en el impacto que sobre la ciudadanía en general
tendrá la aprobación de un avalúo fiscal determinado de manera
contraria a lo normado en el Inciso C, del Articulo 9, de la Ley 8672, estableciendo
sin discusión alguna la base imponible de un tributo que grava el mismo
bolsillo de siempre.
A la luz de lo acontecido en la legislatura provincial
en la madrugada del 24 de mayo, vemos con preocupación que la cruzada contra el campo iniciada en marzo
del año 2008 con la resolución 125 no solo sigue vigente, sino que se ha
potenciado y agravado de tal manera que la presión fiscal de aquel año 2008
resulto ser el piso de las erogaciones tributarias a la que seria sometido hoy
el sector agropecuario, en aquel momento erosionaba la renta, hoy los efectos
empiezan a erosionar el patrimonio.
Las contradicciones entre el discurso oficial nacional
y provincial y la realidad son cada vez mas evidentes, se habla de generar políticas
activas para el sector rural pero se ponen trabas a la comercialización con una
disminución significativa en la facturación del agricultor, o se mantienen
retenciones en cultivos como trigo, maíz y la mayoría de los cultivos
regionales, o se minimizan las situaciones de emergencia y desastre agropecuario,
o cuando se dice defender a los productores de menor escala, y se los grava con
tributos (Imp. Inmobiliario Rural, Imp. A los Bienes Personales e Impuesto a la Ganancia Minima Presunta ),
cuya base imponible (la valuación fiscal) no abarca a los grandes productores
de hoy, como son los fondos de inversión, o manteniendo como sucede en el
Impuesto a las Ganancias la escala de tramos de la base imponible del año 2001,
con lo cual se esta pagando casi la alícuota máxima del Impuesto.
El efecto sobre el sector agropecuario ha sido la expulsión
de más de 60.000 productores de baja y mediana escala, que han tenido que
arrendar sus predios justamente a quienes no tiene un impacto fiscal importante
por carecer del capital tierra, proceso que seguirá acelerándose en Entre Ríos con
lo aprobado el día 24 de mayo a la madrugada.
El impacto producido por la sobrevaloración de los
avalúos fiscales, solo sobre el Impuesto
Inmobiliario Rural será de 250 millones de pesos que dejaran de ingresar este año
a la economía domestica de la provincia, esa cifra probablemente el año que
viene si agregamos los dos impuestos nacionales que utilizan la misma base
imponible, se duplique, con lo que eso significa respecto de la actividad economía
de los pueblos del interior entrerriano, a quienes senadores y diputados tienen
la obligación y la responsabilidad de representar.
Ricardo Burgos Flavio Izaguirre
SECRETARIO PRESIDENTE
