INFORMACION DE AFMER - 19-09-2011
ENE ESTADO PARLAMENTARIO
Lunes 19 de Septiembre de 2011 Hs.
Profesionales insisten con colegiar la comunicación
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En la última sesión del Senado ingresó un proyecto de ley para crear el Colegio de Profesionales de la Comunicación Social de Entre Ríos. Se trata de “un órgano de contralor del ejercicio de la profesión de comunicador social en todo el territorio de la provincia”, según se define en el primer artículo de la iniciativa presentada por el senador José Luis Panozzo.
La colegiación es un reclamo de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Comunicación (APUC) que no obtuvo antes buenos resultados en la Legislatura. Si bien en esta ocasión el proyecto no fue escrito por la entidad, saludan que el tema vuelva a estar en el ámbito parlamentario.
El proyecto establece la creación de un tribunal de ética. Según el texto que está para el análisis en la Comisión de Legislación General quedarán “excluidos del ejercicio profesional” quienes sean sancionados de dicho tribunal o por “otro colegio de la República Argentina”. Además “no podrán ejercer la profesión de comunicador social” aquellos que “hubieren sido condenados a inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio profesional por el tiempo de la condena”.
El artículo 6º sostiene que de no reunir los requisitos señalados “ya sea a título oneroso o gratuito, estará incurso en las previsiones del artículo 247 y concordantes del Código Penal, sin perjuicio de las sanciones que establezcan otras normas”. En resumen: penalmente “será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente”.
TRIBUNAL. Como se dijo, el proyecto establece la creación de un tribunal de ética. Para ser miembro del organismo disciplinario se debe estar inscripto en la matrícula profesional, contar con cinco años como mínimo en el ejercicio de la profesión y no haber sido sancionado. Su misión será “procesar las denuncias de la sociedad sobre las faltas éticas que puedan cometer los profesionales colegiados de comunicación social y determinar la responsabilidad de ellos en dichas faltas y dictar el código de ética”.
El proyecto establece las siguientes sanciones: a) apercibimiento privado o por escrito, b) apercibimiento por escrito y publicación de la resolución definitiva, c) multa cuyo monto será establecido por reglamentación interna, d) suspensión de la matrícula por un tiempo que podrá ser de hasta seis meses, e) cancelación de la matrícula.
Lo que no aparece en el texto son las causales por las cuales se podrían aplicar las mencionadas penas. El “profesional” sancionado por el Tribunal de Ética podrá apelar la resolución ante la próxima asamblea a celebrarse, siempre que el recurso sea interpuesto dentro de los 15 días hábiles de notificada la sanción debidamente fundada.
PROFESIONALIZAR. “La libertad de prensa corre por un lado y la libertad de ejercer la profesión por otro”. Es la primera explicación que da la presidente de APUC, Mónica Portillo, a EL DIARIO. Para la licenciada en Comunicación Social, que ve con buenos ojos la iniciativa del senador oficialista, “nadie va a pedir que aquellos que están ejerciendo la profesión lo dejen de hacer”, que “el comunicador tiene un rol importante en la sociedad”, y que por lo tanto “no está mal que se profesionalice”. Al respecto dio un ejemplo: “Cualquier persona puede poner una farmacia, pero siempre que tenga un farmacéutico. Bueno, la idea es que se profesionalice la profesión”, se entusiasmó.
“Se reconoce como profesionales de la comunicación social a quienes poseen títulos académicos otorgados por las facultades de Comunicación Social de las universidades e institutos de educación superior reconocidos por autoridades competentes y a quienes hubieren obtenido el título”. Así de preciso y exigente fijó Panozzo en sus fundamentos del proyecto los requisitos que se deben cumplir.
Jorge Campos entiende que un proyecto de esta magnitud “cercena los derechos a la libertad del trabajo y a la expresión de ideas establecidos en el artículo 14 de la Constitución”. El abogado recordó que en épocas en que presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en la última gestión de Sergio Montiel el tema fue abordado, pero dejado de lado por tratarse de una iniciativa viciada de inconstitucionalidad. “En la época de Domingo Cavallo se quiso controlar al periodismo a través de la matrícula y la colegiación. Este tipo de proyectos son peligrosos”, advirtió ante EL DIARIO. En la APUC esperan, esta vez, tener suerte.
Con la primavera
Mónica Portillo contó que el interés en el Senado de impulsar la iniciativa para crear el colegio de comunicadores surgió luego de que la propia APUC presente un proyecto que impulsa el reconocimiento de un adicional por el título universitario a los comunicadores sociales que desempeñan sus funciones en cualquiera de los escalafones de la administración pública provincial y municipal.
El proyecto propone también el 21 de septiembre como fecha para celebrar el Día del Comunicador Social. Fue ese día, pero 9 años atrás, que se realizó el primer acto de graduación de Licenciados en Comunicación Social y Ciencias de la Información.
Federico Malvasio
La colegiación es un reclamo de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Comunicación (APUC) que no obtuvo antes buenos resultados en la Legislatura. Si bien en esta ocasión el proyecto no fue escrito por la entidad, saludan que el tema vuelva a estar en el ámbito parlamentario.
El proyecto establece la creación de un tribunal de ética. Según el texto que está para el análisis en la Comisión de Legislación General quedarán “excluidos del ejercicio profesional” quienes sean sancionados de dicho tribunal o por “otro colegio de la República Argentina”. Además “no podrán ejercer la profesión de comunicador social” aquellos que “hubieren sido condenados a inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio profesional por el tiempo de la condena”.
El artículo 6º sostiene que de no reunir los requisitos señalados “ya sea a título oneroso o gratuito, estará incurso en las previsiones del artículo 247 y concordantes del Código Penal, sin perjuicio de las sanciones que establezcan otras normas”. En resumen: penalmente “será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente”.
TRIBUNAL. Como se dijo, el proyecto establece la creación de un tribunal de ética. Para ser miembro del organismo disciplinario se debe estar inscripto en la matrícula profesional, contar con cinco años como mínimo en el ejercicio de la profesión y no haber sido sancionado. Su misión será “procesar las denuncias de la sociedad sobre las faltas éticas que puedan cometer los profesionales colegiados de comunicación social y determinar la responsabilidad de ellos en dichas faltas y dictar el código de ética”.
El proyecto establece las siguientes sanciones: a) apercibimiento privado o por escrito, b) apercibimiento por escrito y publicación de la resolución definitiva, c) multa cuyo monto será establecido por reglamentación interna, d) suspensión de la matrícula por un tiempo que podrá ser de hasta seis meses, e) cancelación de la matrícula.
Lo que no aparece en el texto son las causales por las cuales se podrían aplicar las mencionadas penas. El “profesional” sancionado por el Tribunal de Ética podrá apelar la resolución ante la próxima asamblea a celebrarse, siempre que el recurso sea interpuesto dentro de los 15 días hábiles de notificada la sanción debidamente fundada.
PROFESIONALIZAR. “La libertad de prensa corre por un lado y la libertad de ejercer la profesión por otro”. Es la primera explicación que da la presidente de APUC, Mónica Portillo, a EL DIARIO. Para la licenciada en Comunicación Social, que ve con buenos ojos la iniciativa del senador oficialista, “nadie va a pedir que aquellos que están ejerciendo la profesión lo dejen de hacer”, que “el comunicador tiene un rol importante en la sociedad”, y que por lo tanto “no está mal que se profesionalice”. Al respecto dio un ejemplo: “Cualquier persona puede poner una farmacia, pero siempre que tenga un farmacéutico. Bueno, la idea es que se profesionalice la profesión”, se entusiasmó.
“Se reconoce como profesionales de la comunicación social a quienes poseen títulos académicos otorgados por las facultades de Comunicación Social de las universidades e institutos de educación superior reconocidos por autoridades competentes y a quienes hubieren obtenido el título”. Así de preciso y exigente fijó Panozzo en sus fundamentos del proyecto los requisitos que se deben cumplir.
Jorge Campos entiende que un proyecto de esta magnitud “cercena los derechos a la libertad del trabajo y a la expresión de ideas establecidos en el artículo 14 de la Constitución”. El abogado recordó que en épocas en que presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en la última gestión de Sergio Montiel el tema fue abordado, pero dejado de lado por tratarse de una iniciativa viciada de inconstitucionalidad. “En la época de Domingo Cavallo se quiso controlar al periodismo a través de la matrícula y la colegiación. Este tipo de proyectos son peligrosos”, advirtió ante EL DIARIO. En la APUC esperan, esta vez, tener suerte.
Con la primavera
Mónica Portillo contó que el interés en el Senado de impulsar la iniciativa para crear el colegio de comunicadores surgió luego de que la propia APUC presente un proyecto que impulsa el reconocimiento de un adicional por el título universitario a los comunicadores sociales que desempeñan sus funciones en cualquiera de los escalafones de la administración pública provincial y municipal.
El proyecto propone también el 21 de septiembre como fecha para celebrar el Día del Comunicador Social. Fue ese día, pero 9 años atrás, que se realizó el primer acto de graduación de Licenciados en Comunicación Social y Ciencias de la Información.
